Durante los últimos diez años el número de trabajadores públicos aumentó 83% y en promedio, cada día, ingresaron 310 nuevos empleados a la nómina.
Trabajadores universitarios amenazan con lucha de calle, la CVG es un hervidero de protestas y la Corporación Eléctrica Nacional, de acuerdo con el ministro Héctor Navarro, no puede cumplir su contrato colectivo porque “no hay recaudación para honrarlo”. Los empleados del Estado reclaman el pago de sueldos, bonos e incrementos.
El aumento de la conflictividad laboral en el sector público obedece a un acelerado incremento en el número de trabajadores mientras que el Estado enfrenta problemas para cumplir con sus deberes como empleador porque la renta petrolera comienza a quedarse corta en vista de que, además, debe alcanzar para cubrir pérdidas de las empresas, alza de las importaciones y subsidios como el congelamiento del precio de la gasolina y las tarifas eléctricas.
De acuerdo con el INE para el cierre de octubre de 2002 trabajaban para el Estado 1 millón 345 mil 674 personas y al cierre de octubre de este año esta cifra ha ascendido hasta 2 millones 463 mil 759.
La consecuencia es que durante los últimos diez años el número de trabajadores públicos aumentó 83% y en promedio, cada día, ingresaron 310 nuevos empleados a la nómina.
En Colombia 3,9% de las personas ocupadas laboran para el Estado, en Perú 8,4% y en Venezuela 19,6%.
La levadura
Investigaciones elaboradas por el profesor del IESA, Asdrúbal Baptista, demuestran que desde 1950 el Estado se ha apoyado en la renta petrolera para emplear más personas de las que en realidad necesita, una suerte de mama gallina.
Asegura que entre 1950 y 2002, en promedio, 56% del empleo público es “excedentario”, algo que cataloga como “una genuina anomalía cuya contrapartida económica no puede ser otra que ese ingreso extraordinario que el Estado recibe por su sola condición de propietario del recurso petrolero”.
Aunado a esto, la producción de la industria nacional es inferior a la de 2008, las importaciones baten récord y las exportaciones no petroleras son inferiores a las de 1997.
Todo esto compañado por un fuerte descenso en la inversión privada, atemorizada por la ola de expropiaciones y con pocos incentivos en medio de una política de control de precios y control de cambio.
Las últimas cifras publicadas por el Banco Central señalan que entre 2007 y 2010 la inversión privada se desplomó 43%.
Patrono en apuros
Las demandas de los trabajadores públicos aumentan la presión sobre un Gobierno que tiene un fuerte desequilibrio entre gastos e ingresos que, de acuerdo con estimaciones de entidades financieras como Bank of America, supera 11% del PIB.
Analistas consideran que para cubrir la brecha el Ejecutivo recurrirá a una devaluación que si bien acelerará la inflación y frenará la economía permitirá pagar salarios y ponerse al día con los contratos colectivos reportando más bolívares por cada petrodólar.